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La Unión General de Trabajadores (UGT) ha anunciado que sus servicios jurídicos abordarán cada caso de despido «juzgado por juzgado» para garantizar la aplicación de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha confirmado la inminente decisión. Esta decisión ha sido calificada de «histórica y justa» por la organización.
José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, destacó la importancia de esta resolución del organismo europeo, que vela por el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996. A pesar de su firma, la ratificación tardará lugar en 2021.
El Comité, cuya resolución detallada se dará a conocer el próximo mes, respecto a la legislación española, reformada en 2012, no compensa adecuadamente a los trabajadores despedidos injustificadamente y falta de un efecto disuenteori.
Arceiz critica el sistema español de indemnización, que establece 33 días de salario por año de trabajo, señalando que presenta «importantes deficiencias» de flexibilidad y disuasión. Según él, esto permite que el despido injustificado sea «previsible», porque el importe de la indemnización se puede calcular con antelación, por lo que no disuade a los empresarios de realizar despidos.
El portavoz de UGT también mencionó que ha pasado mucho tiempo desde que el trabajador fue despedido hasta que se resolvió el caso, lo que ha afectado a la recuperación de los salarios desde la reforma laboral de 2012.
Se ha debatido si la resolución del Comité es vinculante para el Estado español. Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, llamó a la «consultiva» de Arceiz Defensa su obligatoriedad, argumentando que el Gobierno no puede ignorar los compromisos internacionales.
Arceiz instó al Gobierno a reformar la legislación laboral de manera urgente, pidiendo ajustes que permitan a los tribunales adaptar la indemnización a los «daños reales» sufridos por los trabajadores. También se propuso eliminar los límites de compensación, promover la reincorporación laboral y asegurar una mediación judicial más rápida para la recuperación salarial.
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