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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) destinó 90,6 millones Multó a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles de México, por prácticas que restringen la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la empresa incurrió en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores para bloquear la venta de productos de competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT explicó que Telcel ha otorgado descuentos y beneficios a ciertos canales de distribución, por lo que la venta de paquetes de telefonía móvil depende de que no se vendan productos de otras empresas competidoras. El regulador señala que esta estrategia perjudicó los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios de telefonía móvil.
La investigación que derivó en esta sanción comenzó en 2021. en enero, y el Informe de Pasivo Esperado se publicó a finales del año pasado. Telcel tuvo la oportunidad de impugnar esta decisión y presentar su defensa durante el juicio.
Por su parte, el conglomerado América Móvil, propietario de Telcel, anunció su intención de apelar la multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa negó las acusaciones y cuestionó la forma en que se llevó a cabo la investigación, diciendo que los reclamos en su contra se basaban en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en el sector de telefonía móvil de México, controlando aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de suscriptores del país. Líneas de comunicación móvil registradas en el país. en 2023 al cierre del cuarto trimestre, la compañía reportó 62.673 millones. pesos en ingresos, lo que representa una participación de mercado del 69.1%.
El IFT enfatizó la importancia de los reguladores para asegurar un mercado competitivo. Esta sanción resalta el papel esencial de estas entidades en la promoción de las condiciones de libre competencia en México, especialmente ante la posible reforma encaminada a abolir las instituciones autónomas, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una legislación que podría eliminar el IFT y otras instituciones independientes, diciendo que son gastos gubernamentales innecesarios. Según el presidente, estas entidades no están cumpliendo adecuadamente su finalidad, habiendo recibido más de 32.313 millones desde su creación.
La posible derogación del IFT ha alarmado a los expertos, quienes advierten que podría significar la perdición para las industrias reguladas y afectar las políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los implementadores de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó el reglamento en términos generales, y la decisión final sobre la continuidad o desaparición del IFT dependerá del próximo mandato del Seimas, que inició sus funciones el 1 de septiembre. Con el partido gobernante asegurando una mayoría calificada, la situación del IFT y otras instituciones autónomas se encuentra en un punto crítico.
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