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El escenario del diálogo social en España se encuentra en un momento álgido debido a la decisión del Gobierno de ampliar la participación de las organizaciones empresariales en estas conversaciones. A las ya presenta CEOE y Cepyme, se sumaría Conpymes, un grupo estatal con vínculos a la Catalana Pimec. Este movimiento ha generado tensiones entre las organizaciones empresariales, que buscan consolidarse como los verdaderos representantes de los intereses de los empresarios. Sin embargo, sólo el 23,3% de las empresas están afiliadas a alguna de estas entidades.
Últimamente ha aumentado la tensión entre el Gobierno y los representantes empresariales en la Mesa de Diálogo Social, especialmente en torno a la propuesta de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas semanales. Esta medida fue bloqueada por el PSOE y Sumar, generando un fuerte rechazo al no haber consultado con los agentes sociales.
El conflicto alcanzó un punto crítico durante la Asamblea General de Cepyme, donde con el presidente, Gerardo Cuerva, crico duramente el «intervencionismo» del Gobierno. Cuerva también denunció los intentos de limitar la influencia de los empresarios en las negociaciones, abriendo la puerta a organizaciones emergentes. El Gobierno, por su parte, ha tutelado la inclusión de Conpymes y Pimec en órganos como el Consejo Económico y Social (CES), aunque aún no ha detallado cómo implementar esa representatividad.
El problema subyacente es la falta de un sistema objetivo para acreditar la representación empresarial en la institución de negociación, algo que sí existe para los sindicatos. Actualmente se aplica una norma del Estatuto de los Trabajadores que exige que las organizaciones representen al menos el 10% de las empresas y trabajadores a nivel nacional y el 15% a nivel autonómico para participar en la negociación de la negociación colectiva.
Esta falta de claridad también se refleja en la representatividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según la Encuesta Anual de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sólo el 17,8% de las empresas de entre 5 y 9 empleados están afiliadas a alguna organización empresarial, cifra que aumenta hasta el 26,3% de los empleados de las empresas. Este bajo nivel de afiliación se explica, en parte, por la alta fragmentación del tejido empresarial español, donde el 92% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores.
La representatividad también varía significativamente según el sector y la región. En hostelería y construcción, sólo el 18,7% y el 22,9% de las empresas, respectivamente, están afiliadas a alguna organización. Por el contrario, en logística e industria las cifras son el 31,9% y el 29,7%. Territorialmente, La Rioja presenta el mayor porcentaje de empresas participadas (38,7%), seguida del País Vasco (33,7%) y Aragón (33,2%), mientras que Andalucía y Madrid tienen los porcentajes más bajos, con un 15,1% y un 18,2%, respectivamente. .
A pesar de estos desafícios, el 76% de los empresarios afiliados consideran que su organización representa sus intereses, aunque este porcentaje varía según el tamaño de la empresa. En las pequeñas empresas esta percepción es del 73,2%, mientras que en las grandes llega al 87%.
En este contexto, la «guerra» entre organizaciones empresariales se centra en la representatividad de las pequeñas empresas. Conpymes, apoyada por la Catalana Pimec, crítica de Cepyme y satélite de la CEOE. Esta rivalidad refleja las diferencias en cómo las empresas grandes y pequeñas perciben su influencia y representación en las negociaciones con el Gobierno.
La polémica también tiene un componente político, con Cepyme y Foment del Treball acusando al Gobierno de utilizar la ampliación de la representatividad como una concesión a partidos independientes como Junts y ERC.
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