Con el comienzo del nuevo ciclo legislativo, la Asamblea Nacional de Panamá procedió a establecer su nueva junta directiva y a la intervención del mandatario del país ante el pleno, iniciando una fase de gobierno que, desde sus primeras iniciativas, se orienta hacia un enfoque de diálogo político y la puesta en marcha de reformas importantes.
Dana Castañeda fue electa como presidenta de la Asamblea Nacional, respaldada por una coalición entre partidos tradicionales y representantes independientes. A ella se sumaron Walkiria Chandler como primera vicepresidenta y Ricardo Valencia como segundo vicepresidente. La diversidad de fuerzas representadas en esta nueva directiva refleja una Asamblea fragmentada, sin mayorías absolutas, lo que exige una dinámica de consensos para la aprobación de leyes y reformas.
En su discurso ante el pleno legislativo, el presidente hizo un llamado a todos los sectores políticos a dejar atrás los antagonismos y a trabajar en conjunto por los intereses del país. Reconoció el peso que ha cobrado el bloque de diputados independientes, que suman 20 curules, y lo interpretó como un mensaje claro de la ciudadanía a favor de nuevas prácticas en la gestión pública.
Uno de los temas principales de su discurso fue la condición de la Caja de Seguro Social (CSS). El presidente indicó que el gobierno promoverá una reforma sustancial del sistema, fundamentada en análisis técnicos y conversaciones con todos los sectores. Afirmó que no se impondrán decisiones, aunque recalcó la necesidad de actuar con prontitud, y garantizó claridad en la divulgación de los informes financieros de la entidad.
Otro tema prioritario fue la migración irregular a través del Tapón del Darién. El presidente dejó claro que la frontera sur del país no será tratada como un simple paso de tránsito, sino como una línea de soberanía nacional. Anunció medidas concretas para el control del flujo migratorio, incluyendo un sistema de repatriación, que se ejecutará con apego a los derechos humanos.
Sobre el tema del sistema financiero, el líder reafirmó su crítica a las listas discriminatorias en las que Panamá ha sido colocada por entidades internacionales. En respuesta, se informó la formación de una Comisión Nacional para la Protección del Sistema Financiero, que colaborará tanto con el sector público como el privado para salvaguardar la reputación del país y defender su marco jurídico a nivel internacional.
La situación económica también estuvo presente en el discurso presidencial. Se señaló que la deuda pública aumentó considerablemente en los últimos cinco años, por lo que se adoptará una política de austeridad. Se proyecta una reestructuración del gasto, la eliminación de privilegios innecesarios y una reorientación del presupuesto hacia la inversión en infraestructura, generación de empleo y atención social.
En cuanto a la gestión gubernamental, el líder sugirió robustecer la institucionalidad del Estado y terminar con la politización de las entidades. Informó sobre auditorías en varias entidades públicas, con la meta de asegurar eficiencia y transparencia. Además, prometió instaurar un nuevo modelo de gobierno, fundamentado en el respeto al marco legal y la ética administrativa.
Por último, convocó a una reunión abierta con los principales sectores empresariales, sociales y gremiales del país a partir del 1 de julio en el Palacio de las Garzas. El objetivo, explicó, es construir un gran acuerdo nacional que permita enfrentar de forma articulada los principales desafíos del país: la seguridad social, el desempleo, el desarrollo económico, la migración y la crisis hídrica que afecta al Canal de Panamá.
Así arranca un nuevo periodo político, en el que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo están llamados a coincidir en objetivos comunes y responder a un contexto nacional que exige respuestas ágiles, diálogo amplio y compromiso con las reformas que la población reclama.
