Oslo, capital de Noruega, fusiona objetivos climáticos de gran alcance con una economía que, de forma tradicional, se ha sustentado en recursos energéticos. La ciudad y sus inversores se encuentran ante el desafío de ponderar el riesgo de carbono en activos de larga duración —tanto edificios públicos y privados como infraestructuras energéticas, puertos y activos financieros ligados a hidrocarburos— con el fin de prevenir depreciaciones, emisiones imprevistas y un aumento de los costes regulatorios.
En qué consisten los activos de larga duración y cuál es su relevancia
- Definición: se trata de bienes con una vida útil que habitualmente supera los 10–20 años, entre los que se incluyen edificios, plantas de generación, redes, terminales o concesiones.
- Vulnerabilidad: su grado de exposición ante políticas climáticas, avances tecnológicos y fluctuaciones de la demanda aumenta la probabilidad de que acaben convertidos en activos varados.
- Impacto financiero: posibles cambios de valoración, mayores costes operativos (como el asociado al carbono), dificultades para obtener financiación y incrementos en las primas de seguro.
Marco regulatorio y panorama económico clave para Oslo
- Política nacional: Noruega impulsa la disminución de emisiones y forma parte del sistema europeo de comercio de derechos de emisión, además de aplicar gravámenes al carbono en ámbitos concretos como petróleo y gas o transporte.
- Objetivos municipales: Oslo ha establecido metas muy exigentes para recortar sus emisiones, respaldadas por estrategias que buscan lograr la neutralidad climática municipal en plazos más breves que los fijados a nivel nacional.
- Precio del carbono: los valores de los permisos de emisión han mostrado variaciones marcadas; durante 2022–2023 se mantuvieron en niveles altos, desde varias decenas hasta cientos de euros por tonelada, afectando considerablemente la rentabilidad de actividades con fuerte huella de carbono.
- Divulgación y supervisión: tanto la normativa europea como los estándares internacionales exigen mayor claridad en la presentación de riesgos climáticos dentro de los estados financieros y otros informes.
Metodologías para evaluar el riesgo de carbono en activos de larga vida
- Contabilidad de emisiones por alcance: calcular las emisiones directas (alcance 1), las provenientes del uso de energía adquirida (alcance 2) y todas las demás emisiones indirectas vinculadas a la cadena de valor (alcance 3).
- Análisis de ciclo de vida: examinar el conjunto de emisiones que genera el activo durante toda su vida útil, considerando construcción, operación y eventual retiro.
- Escenarios climáticos y de transición: aplicar rutas de políticas y avances tecnológicos, incluidos escenarios coherentes con 1,5 °C o 2 °C, para prever variaciones en la demanda, los precios y las obligaciones regulatorias.
- Pruebas de resistencia (stress testing): simular cambios en factores clave como el precio del carbono, los costes de electrificación y los requerimientos energéticos, con el propósito de estimar la sensibilidad del flujo de caja y del valor actual neto.
- Modelización financiera integrada: incorporar costes variables por tonelada de CO2, inversiones de mitigación como electrificación o mejoras de eficiencia, y la opción de un cierre anticipado para determinar la probabilidad de un activo varado y las pérdidas asociadas.
- Métricas de exposición: cuantificar la intensidad de carbono (toneladas CO2e por unidad de producción o por euro de ingresos), la porción de ingresos vinculada a combustibles fósiles y la vida económica remanente.
Herramientas, estándares y pautas sugeridas
- Estándares de contabilidad: adopción de enfoques como la contabilidad de huella de carbono aplicados al ámbito financiero y corporativo, además de la integración de guías sectoriales que ayuden a calcular el alcance 3.
- Alianzas y marcos: implicación en iniciativas tanto locales como europeas centradas en la contabilidad de carbono y en el reporte climático financiero para lograr métricas más coherentes.
- Modelos de valoración: incorporación de escenarios que incluyan precios internos del carbono y desarrollo de evaluaciones de sensibilidad que permitan incorporar ese coste en la tasa de descuento de los flujos de caja.
- Integración en gobernanza: establecimiento de políticas de inversión que integren los riesgos climáticos, como límites a la participación en combustibles fósiles o la solicitud de planes de transición y descarbonización.
Ejemplos expresados mediante cifras
- Ejemplo 1: edificio público con calefacción a gas
- Las emisiones anuales estimadas alcanzan las 500 tCO2e.
- Se toma como referencia un precio del carbono de 80 €/tCO2e.
- El desembolso anual asociado a ese nivel de emisiones asciende a 40.000 € (500 × 80).
- Con un presupuesto operativo de 1.000.000 €, el coste ligado al carbono representa el 4% del total; si el precio se eleva a 150 €/t, el impacto podría aumentar hasta el 7,5%.
- Ejemplo 2: terminal portuaria con vida útil restante de 30 años
- Las operaciones generan 10.000 tCO2e anuales procedentes del uso de maquinaria y combustibles.
- A un precio de 100 €/t, el coste anual por carbono se sitúa en 1.000.000 €.
- Una disminución del 15% en la demanda de carga debido a la descarbonización del transporte marítimo podría recortar los ingresos y hacer que los costes de carbono vuelvan marginal la inversión, incrementando la probabilidad de un retiro anticipado.
- Ejemplo 3: activo energético vinculado a hidrocarburos
- Método de valoración: proyectar los flujos de caja bajo tres escenarios (políticas estrictas, intermedias y flexibles) en los que se modifican el precio del carbono, la demanda y el coste del capital.
- Conclusión frecuente: con políticas estrictas y precios elevados del carbono, el valor presente puede reducirse entre un 20% y un 60%, dependiendo de la intensidad de emisiones y del margen para sustituir la tecnología.
Casos prácticos relevantes para Oslo
- Edificios municipales: Oslo ha impulsado la actualización energética de sus edificios públicos, incorporando en sus evaluaciones anticipadas la proyección de reducción de emisiones, el potencial de ahorro de energía y el grado de sensibilidad frente a impuestos sobre el carbono.
- Transporte urbano: la electrificación de autobuses y tranvías del transporte público disminuye la dependencia del precio del carbono y atenúa el riesgo de que las flotas basadas en combustibles fósiles queden obsoletas.
- Inversiones financieras: los fondos asociados a la ciudad y los inversores noruegos incluyen análisis sobre la exposición a combustibles fósiles, junto con directrices internas que restringen la colocación de capital en activos con elevado riesgo de pérdida de valor.
- Infraestructura portuaria y logística: la adecuación para operar con combustibles de baja huella de carbono, como hidrógeno o suministro eléctrico en muelle, mitiga el peligro de depreciación ante regulaciones marítimas cada vez más exigentes.
Proceso práctico de evaluación, paso a paso
- 1. Identificar el universo de activos: ordenar cada componente según su clase, la duración de su vida útil y el nivel de dependencia que mantiene respecto a los combustibles fósiles.
- 2. Medir emisiones actuales: calcular los alcances 1, 2 y 3 utilizando tanto datos operativos como parámetros reconocidos dentro del sector.
- 3. Definir horizontes y escenarios: establecer las posibles rutas de políticas, precios del carbono y avances tecnológicos para los plazos de 2030, 2040 y 2050.
- 4. Modelar impactos económicos: prever de qué manera podrían cambiar los costos operativos, las inversiones requeridas para la transición y los flujos de caja en cada escenario.
- 5. Calcular indicadores de riesgo: determinar el valor expuesto a riesgos climáticos, la probabilidad de que un activo quede obsoleto y la intensidad de carbono por unidad de valor.
- 6. Diseñar respuestas: proponer medidas de mitigación como la electrificación o el incremento de la eficiencia, junto con estrategias de desinversión, ajustes de trayectoria, seguros y herramientas contractuales.
- 7. Reportar y revisar: integrar los resultados en la gobernanza, en los reportes municipales y en las políticas de inversión, aplicando revisiones regulares ante cambios regulatorios o de mercado.
