Los Veintisiete rebajan las exigencias de reducción de emisiones a los coches | Economía

Los Veintisiete rebajan las exigencias de reducción de emisiones a los coches | Economía

Los ministros de Industria y Comercio de la UE han aprobado este lunes su posición sobre la norma Euro 7 sobre emisiones de vehículos para coches y furgonetas, que retrasa la entrada en vigor de la normativa, tal como reclamaban la industria automovilística y algunos Estados miembros, y rebaja también su ambición climática respecto de la propuesta original de la Comisión. La versión acordada este lunes, presentada por la presidencia española de la UE, representa la posición de los Estados miembros, que todavía deberá negociarse con la del Parlamento Europeo, aún no fijada, para llegar a una versión final.

El principal cambio acordado es el retraso en la entrada en vigor de Euro 7, que busca sustituir y “simplificar” la normativa sobre emisiones que hasta ahora estaba separada para turismos y furgonetas (Euro 6) y camiones y autobuses (Euro VI). Originalmente, debía implementarse a partir del 1 de julio de 2025 para los vehículos ligeros nuevos y el 1 de julio de 2027 para los pesados nuevos. Los Veintisiete, sin embargo, quieren que las nuevas normas entren en vigor dos años más tarde, 2027 y 2029, respectivamente.

Aunque también ahora algo rebajado, el objetivo de Euro 7 es reducir aún más las emisiones de CO2 de los vehículos entre 2025 y 2035, fecha en la que tendrán que ser “climáticamente neutros”. Va más lejos también que las normativas anteriores puesto que no solo aborda, como hasta ahora, las emisiones procedentes del tubo de escape, sino que, por primera vez en el mundo, también busca regular las de los frenos y los neumáticos.

“Nuestra posición quiere continuar el camino de liderar la movilidad del futuro y adoptar niveles de emisiones realistas para los vehículos de la próxima década, al mismo tiempo que ayudamos a nuestra industria a dar el salto definitivo hacia coches no contaminantes en 2035″, ha defendido el texto aprobado el ministro español en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.

Según ha indicado, la presidencia española “ha sido sensible a las diferentes demandas y peticiones de los países” hasta lograr una propuesta que tiene un “amplio apoyo”, ha dicho en un comunicado. A su entrada en la reunión de ministros en Bruselas, Gómez se había mostrado ya confiado en que de la sesión se saldría con un acuerdo, que ahora deberá negociarse con el que surja del Parlamento Europeo para acabar con una propuesta final que puedan ratificar las dos partes.

En líneas generales, el enfoque pactado este lunes por los Veintisiete mantiene las condiciones de prueba y los límites de emisión existentes establecidos en Euro 6. Organizaciones como Transport & Environment, que agrupa a los principales defensores europeos de un sistema de movilidad con cero emisiones, habían advertido en contra de reducir las ambiciones originales de Euro 7 hasta hacerlas “irrelevantes” en detrimento de la salud ciudadana.

También eran críticos países como Alemania, cuyo secretario de Estado para Asuntos Económicos y Acción Climática, Sven Giegold, lamentó este mismo lunes la “falta de ambición” de las negociaciones. “La propuesta de la Comisión ya no era muy ambiciosa y lo que se ha acordado ahora lo es menos aún, aunque pese a todo es un paso adelante”, valoró el alemán, que no ha logrado tampoco que por ahora se tenga en cuenta su demanda de que la legislación acepte también los combustibles sintéticos o e-fuels.

Al otro lado de la barrera se encontraba la industria automovilística, especialmente la que agrupa la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que llevaba meses reclamando el retraso de unas normas que, afirma, supondría un fuerte incremento de costes por encima de lo calculado por la Comisión. También un grupo de países —Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia— se oponía a la propuesta original, argumentando, como la industria del automóvil, que las medidas suponían añadir costes y trabas para un lapso de tiempo muy breve a una industria que ya hace fuertes esfuerzos para adaptarse a la meta de no vender más automóviles de combustión a partir de 2035.

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