El Consejo de Gabinete de Panamá ha solicitado a la Asamblea Nacional extender las sesiones extraordinarias hasta el 26 de junio de 2025. Esta petición busca suspender los efectos de la Ley 468, recientemente aprobada, que reformó el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios destinados a la compra de viviendas.
La Ley 468, sancionada el 24 de abril de 2025, introdujo cambios significativos en el esquema de subsidios para préstamos hipotecarios. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la reducción de hasta un 1% en la tasa preferencial y la inclusión del artículo 12, que obliga a las entidades bancarias a evaluar la situación financiera del beneficiario entre seis y doce meses antes de que finalice el plazo del subsidio otorgado.
Estas alteraciones provocaron preocupación en el sector bancario y entre los desarrolladores de bienes raíces, quienes señalaron que las recientes regulaciones podrían afectar la estabilidad del mercado hipotecario y la accesibilidad de viviendas para miles de familias en Panamá. Frente a estas inquietudes, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, indicó que la propuesta de suspensión permitiría que la Ley 3 de 1985, que no considera la reducción del subsidio, se aplique nuevamente de manera provisional. Esta medida tiene como objetivo facilitar la finalización de procedimientos pendientes para aproximadamente 9,000 familias que desean adquirir una casa propia.
La suspensión de la Ley 468 se presentará al Legislativo a través del proyecto de ley 59-92, que será discutido en las sesiones extraordinarias. Actualmente, la Asamblea Nacional mantiene activas sesiones extraordinarias hasta el 12 de junio para la ratificación de nombramientos en distintas entidades del Estado, por lo que la inclusión de este nuevo proyecto requerirá una extensión del periodo legislativo.
El debate ha provocado una discusión acerca de la necesidad de equilibrar las políticas fiscales del gobierno con el respaldo al acceso a la vivienda. A pesar de que el gobierno busca evitar el aumento de la deuda del país, el sector constructor y las entidades financieras subrayan la importancia de mantener incentivos que favorezcan la inversión y el crecimiento de la economía.
La Ley de Intereses Preferenciales ha sido una herramienta clave en el impulso del sector inmobiliario panameño durante más de cuatro décadas. Su modificación ha generado incertidumbre en el mercado, afectando la aprobación de nuevos créditos hipotecarios y la continuidad de proyectos de construcción. La suspensión temporal de la Ley 468 busca brindar un respiro al sector mientras se evalúan alternativas que permitan una reforma equilibrada y sostenible del régimen de subsidios.
En los días venideros, es probable que tanto el Ejecutivo como el Legislativo colaboren para hallar una respuesta que se ocupe de las inquietudes de las partes interesadas, asegurando que las familias en Panamá puedan acceder a la vivienda sin poner en riesgo la estabilidad fiscal de la nación.
