En Panamá, la extensa huelga indefinida de docentes que se inició el 23 de abril, en oposición a un cambio en el sistema de pensiones, ha evidenciado grandes desigualdades en el sector educativo. En un cambio de discurso, la ministra de educación, después de afirmar durante semanas que casi todos los centros educativos operaban normalmente, admitió por primera vez que el año escolar podría no salvarse si los maestros no regresan a las escuelas para el comienzo del segundo trimestre.
La narrativa oficial: de la estabilidad al colapso inminente
Durante abril y los primeros días de mayo, la ministra sostenía que aproximadamente un 87 % de los planteles operaban con normalidad, citando datos de distritos escolares como San Miguelito. Además, enfatizaba que no habría represalias ni sanciones para los maestros que retomaran sus labores, con la intención de incentivar el regreso a clases. No obstante, esta versión contrastaba con los testimonios de diversos gremios y reportes en terreno, que indicaban que buena parte de las escuelas permanecían cerradas o con operaciones muy limitadas prensa.com.
La predicción de un año perdido
El 16 de junio, hubo un punto de inflexión en el mensaje oficial: la ministra advirtió que el curso escolar “está en riesgo de perderse” si los profesores no regresan para el lunes 23, fecha en que comienza el segundo trimestre. Sostuvo que, a partir del lunes, el Gobierno tendría que actuar con medidas que preferiría evitar, pues considera que todo niño debe contar con un docente. La declaración implicaba por primera vez el reconocimiento de que el conflicto había derivado en una amenaza real al calendario académico prensa.com.
Cambio de tono y fricción con los docentes
Antes de ese anuncio, en una serie de declaraciones, la ministra había advertido que el Ministerio haría cumplir la ley “sin excepciones”, aunque aseguraba que no habría represalias para aquellos que regresaran prensa.com. No obstante, el 29 de mayo acusó a ciertos colectivos docentes de actuar según “intereses desestabilizadores”, sugiriendo que la protesta se basaba en “información falsa” y se utilizaba para sembrar miedo prensa.com. Estas afirmaciones generaron un fuerte descontento entre los sindicatos, que interpretaron estas palabras como una señal de que el Gobierno no estaba dispuesto a establecer un diálogo auténtico.
Impacto desigual en los centros educativos
Los informes preliminares, a pesar de ser incompletos, sugieren que de las más de 3,100 escuelas en el país, algunas operaban al 100 %, otras al 40 % o 60 %, aunque en términos generales, seguían abiertas prensa.com. Sin embargo, los grados de actividad diferían significativamente por provincia, distrito e incluso por nivel educativo. Por ejemplo, en Panamá Oeste, se calculaba que solo un 60 % de los maestros acudían a las clases, y cerca del 50 % de los alumnos asistían a las aulas de primaria prensa.com. En ciertos centros educativos, apenas cuatro docentes atendían a grupos de estudiantes de cuarto y quinto grado, debido al gran número de profesores en huelga.
Acciones sancionadoras y retención de sueldos
En respuesta a la situación, la Contraloría General inició un proceso para suspender los sueldos de más de 30,000 maestros que no habían acudido a sus puestos. En un principio, se suspendieron los pagos a aproximadamente 17,000, aunque más tarde la cifra aumentó tras auditorías exhaustivas en cada colegio prensa.com. La premisa principal: «quien no labora, no recibe pago», destacada por el contralor, fue considerada por varios sectores como una medida sin precedentes en su magnitud.
Efectos y necesidad de apertura
La confluencia de declaraciones contradictorias, medidas disciplinarias masivas y discrepancias entre los datos oficiales y reportes en terreno evidencia que el país enfrenta una crisis educativa profunda. La amenaza de perder el ciclo escolar 2025 no solo pone en peligro el cumplimiento del calendario académico, sino que añade una capa de desconfianza entre los sectores involucrados. Para revertir esta situación, resulta indispensable contar con cifras actualizadas y precisas del grado de funcionamiento real de las escuelas, así como establecer mesas de diálogo efectivas que incluyan a docentes, autoridades, estudiantes y padres.
El camino hacia una solución sostenible
La única salida viable pasa por restablecer la comunicación fluida y la transparencia: conocer exactamente cuántos colegios operan, en qué condiciones, y cuántos estudiantes están recibiendo clases. En paralelo, se hace urgente retomar un diálogo donde se consideren las demandas docentes, sin sacrificar el derecho de los niños y jóvenes a una educación continua. La coherencia en el discurso institucional, la claridad en la rendición de cuentas y la apertura a vías de negociación realista se presentan como pilares fundamentales para ayudar a que el año escolar no se pierda, y que se recupere la confianza en el sistema educativo.
