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El Gobierno ha estado negociando intensamente en el Congreso para intentar avanzar en la reforma de la Ley de Extranjería, que busca distribuir de forma obligatoria a los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada una vez más por el Congreso de los Representantes. El Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, actuó como mediador, pero no logró alcanzar un acuerdo.
Durante el pleno, el PP y Junts enviaron la iniciativa al PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que decidieron retirar la reforma. Tanto Junts como Vox reafirmaron su oposición desde el principio.
La putada de Coalición Canaria, Cristina Valido, expresó su disponibilidad a respadalar el texto si se proporciona la información necesaria para su implementación. Sin embargo, destacó que cualquier avance dependerá de la colaboración del PSOE y Sumar. «Si no hay avances en las próximas horas, es mejor que no votemos y sigamos dialogando», confirmó. La modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería pretende abordar la situación de los menores inmigrantes no acompañados en regiones con alta ocupación.
Por otro lado, Junts votó en contra del mandato deficitario del Gobierno, que podría afectar a los presupuestos de 2025.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si se rechaza el mandato, el Gobierno deberá establecer una nueva meta en un plazo de cuatro semanas. De aprobarse esta nueva propuesta, tendría que pasar al Senado, donde estaría sujeta a más modificaciones.
La falta de un mandato de estabilidad complica la presentación de los requisitos necesarios para 2025, crucial antes de finales de septiembre para su inclusión en el próximo año. Hasta ahora, el Gobierno no ha podido avanzar ninguna condición previa durante esta legislatura, complicando aún más las negociaciones con sus socios políticos.
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