Un traje a medida para Cataluña restaría una quinta parte de los recursos a la financiación autonómica | Economía

La Generalitat ha sacado la artillería pesada y ha lanzado un órdago en materia fiscal: pide al Gobierno central la cesión del 100% de los tributos que se recaudan en el territorio a cambio de una aportación similar a un cupo a la vasca, una fórmula que supondría restar cada año algo más de 20.000 millones de euros a la financiación autonómica, cerca de un 20% del total de los recursos de los que se nutre el sistema.

La propuesta —una reivindicación que viene de lejos—, lanzada el martes por el Govern de Pere Aragonès tras el adelanto de las elecciones autonómicas, parte de la premisa de que Cataluña termina recibiendo únicamente la mitad de los recursos que se generan en el territorio a través del pago de los impuestos, como ocurre en el resto de los territorios. Según las cifras que ofrece la Generalitat, mientras que la recaudación de todos los tributos pagados en la región asciende a los 52.000 millones de euros anuales, los recursos que proporciona el modelo de financiación autonómica apenas superan los 25.000 millones. Con el esquema planteado, este desfase se corregiría y, a cambio, se aportaría una serie de recursos a un fondo de solidaridad pensado para nutrir a las comunidades de menos capacidad fiscal y con la aportación de otro fondo para compensar los gastos que el Estado ejecuta en Cataluña y por las competencias impropias como la defensa, la representación exterior o la inversión en otros territorios. De salir adelante, la propuesta supondría un roto al sistema de financiación que dota de recursos económicos a las 15 comunidades de régimen común.

El sistema de financiación autonómico funciona como una especie de bolsa común que se nutre de varias aportaciones. A las contribuciones estatales se le suman lo que ingresan las comunidades por los tributos que comparten con el Estado (50% del IRPF e IVA y 58% de los impuestos especiales) y los que tienen cedidos totalmente (como sucesiones, donaciones o patrimonio). Después, ese dinero se reparte entre las autonomías siguiendo una serie de criterios con el objetivo de que todos los gobiernos regionales puedan costear los servicios públicos que ofrecen. Por esa razón, quitar a Cataluña de la ecuación generaría un profundo agujero en los recursos. También afectaría a los recursos del Estado, ya que causaría una merma importante en sus finanzas por el descenso de la recaudación que no va a parar al sistema de financiación y que se emplea para costear otras partidas como justicia o defensa.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), presidida por el investigador Ángel de la Fuente, trata de cuantificar todos los años el papel que tiene cada autonomía en este esquema. Los últimos datos, correspondientes a 2021, sitúan únicamente a tres comunidades —entre las que se encuentra Cataluña— como aportadoras netas, es decir, aquellas que registran un saldo negativo al quedarse con menos dinero del que ingresan. En primer lugar, se situaría Madrid: bajo este esquema recauda 26.000 millones de euros y se queda con 19.700 millones, dejando una aportación neta al sistema de unos 6.300 millones. A continuación, algo más lejos, estaría Cataluña, con 2.200 millones de diferencia tras ingresar 25.000 millones y quedarse con 22.800 millones. Mucho más lejos estaría Baleares, con un saldo neto desfavorable de apenas 330 millones. Las otras 12 comunidades de régimen común registrarían beneficios netos.

En la actualidad, según argumenta la propuesta oficial de la Generalitat, del total de los impuestos generados en Cataluña (sin contabilizar los locales), el Govern gestiona y recauda únicamente el 9%, mientras que el 91% restante es tramitado por la Agencia Tributaria estatal. En cambio, en el modelo planteado, la agencia catalana pasaría a gestionar la totalidad de los tributos en un modelo parecido a los del País Vasco y Navarra, con la diferencia de que el peso de Cataluña sobre la economía nacional es mucho mayor.

Datos dispares

Los datos que aporta la Generalitat sobre financiación autonómica no se corresponden del todo con la primera tanda de cifras que Hacienda publicó la semana pasada para calcular las balanzas fiscales —un compromiso que tenía asumido con Junts—, ni con los informes elaborados por Fedea. Los importes de recaudación que proporciona tampoco casan con las que ofrece la Agencia Tributaria en sus informes de recaudación. La Generalitat calcula en su propuesta que los tributos “generados en Cataluña” alcanzaron los 52.723 millones de euros en 2021. Los datos de Hacienda apuntan a que el fisco ingresó en la comunidad en el mismo año 44.198 millones netos (53.723 millones brutos, sin incluir los tributos propios).

El IRPF, grosso modo, aportó 23.000 millones en 2021; el IVA, 14.226 millones, y los tributos especiales 3.500 millones, según la Generalitat. Todas estas cantidades, claro está, dejarían de formar parte de los recursos que nutren al sistema de financiación autonómica. La Agencia Tributaria proporciona unas cifras algo distintas —18.300 millones en IRPF, 16.400 millones por IVA y 1.500 en impuestos especiales—, además de avisar de que estos datos no reflejan necesariamente el peso fiscal de un territorio. “Dado que la asignación de los contribuyentes por delegaciones se hace de acuerdo a su domicilio fiscal, los ingresos tributarios de una delegación no son necesariamente un buen indicador de la importancia fiscal del territorio ni de la actividad económica en el mismo”, explica.

El Gobierno, que acaba de renunciar a los Presupuestos de 2024 tras el anuncio electoral en Cataluña, ha señalado a través de varios de sus miembros que mantiene su voluntad de abordar la reforma del sistema de financiación con todas las comunidades. El debate sobre el sistema de financiación se enmarcará en “la Constitución y los estatutos de autonomía”, y “las necesidades de Cataluña y del resto de territorios estarán bien delimitadas”, ha dicho la titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha reiterado que la renovación del modelo precisa de consenso político, en concreto de un “acuerdo con el PP”.

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