La creciente presión económica llevó a los gobernadores de todas las provincias argentinas a protagonizar una acción coordinada sin precedentes en lo que va del actual mandato presidencial. En una reunión clave, los 24 mandatarios provinciales se alinearon para reclamar una reestructuración en la distribución de recursos nacionales y proponer medidas concretas que alivien la crisis financiera que atraviesan sus distritos. Esta convergencia inesperada de intereses políticos, tanto de oficialismo como de oposición, resalta la gravedad de la situación y marca un hito en las relaciones entre Nación y provincias.
La base de este acuerdo fue la inquietud común sobre el continuo descenso de los ingresos de la provincia desde finales de 2023, debido a una mezcla de factores como el ajuste fiscal nacional, la detención de las obras públicas y la significativa disminución de transferencias no automáticas. De acuerdo con cálculos provinciales, desde noviembre de ese año hasta mayo de 2025, se dejaron de recibir casi 30 billones de pesos. Esta cantidad contempla pérdidas por coparticipación, fondos discrecionales y recursos que no se ejecutaron y que solían asignarse a programas locales.
Frente a este panorama, los gobernadores promovieron un proyecto legislativo para eliminar dos fondos fiduciarios alimentados por el impuesto a los combustibles, destinados originalmente a obras de infraestructura. La intención es redirigir esos recursos hacia la masa coparticipable, permitiendo a las provincias decidir de forma autónoma su uso, sin las restricciones impuestas por la administración central. En paralelo, se propone distribuir equitativamente el remanente de los Aportes del Tesoro Nacional, actualmente en manos del Ejecutivo, con criterios similares a los de la coparticipación primaria y secundaria.
Uno de los argumentos centrales de los líderes es que no están pidiendo más dinero, sino solo obtener lo que ya les pertenece. Afirman que estos fondos ayudarían a equilibrar las finanzas de las provincias sin comprometer el superávit fiscal que el gobierno nacional ha establecido como una de sus metas principales. Asimismo, destacan que si el discurso oficial ha indicado que los fondos fiduciarios son herramientas ineficaces o susceptibles a influencias políticas, entonces no hay motivos para oponerse a su eliminación.
La acción generó respuestas en la Casa Rosada. Desde el Gobierno se indicó que se hará una propuesta alternativa, siempre y cuando no se modifique el equilibrio fiscal. Sin embargo, se enfatizó que los fondos fiduciarios tienen un propósito concreto —el mantenimiento de carreteras nacionales— y que su eliminación debe asegurar que esos recursos no se desvíen de su propósito inicial.
La escalada entre Nación y provincias no es nueva. Semanas atrás, la retención de parte de la coparticipación a Chubut desató una ola de reclamos regionales y judicializaciones. La provincia patagónica recibió el respaldo de otras jurisdicciones, consolidando un frente común que ahora se cristaliza en este nuevo proyecto legislativo. La controversia llegó a tal punto que incluyó denuncias penales cruzadas, reflejando la creciente tensión entre el federalismo provincial y el centralismo fiscal.
El Consejo Federal de Inversiones desempeñó el papel de mediador en las reuniones y en la elaboración del proyecto. Durante las sesiones de trabajo, los gobernadores decidieron avanzar de manera institucional y coordinada. El acuerdo logrado no solo responde a una situación económica agobiante, sino que también representa un mensaje político definido: el federalismo demanda una reestructuración de la relación financiera con el Estado nacional.
Aparte de la situación actual, la propuesta genera preguntas sobre el balance de poder entre las provincias y la Nación. La habilidad de los gobernadores para coordinar demandas comunes e impulsar proyectos legislativos conjuntos podría señalar el comienzo de una fase de mayor relevancia provincial en la política nacional. La administración central, mientras tanto, tendrá que determinar si cede ante esta presión conjunta o si fortalece su estrategia de control del presupuesto.
En un escenario de mayor debilidad institucional y agotamiento político, este enfoque federalista inicia una fase diferente de diálogos, tensiones y reconfiguraciones. El desenlace de esta disputa será crucial para trazar los futuros episodios de la relación entre el poder central y los gobiernos regionales, así como para entender cuánto tiempo el equilibrio fiscal puede sostenerse sin ignorar las necesidades sociales y económicas en el interior del país.
