El desbalance fiscal empeoró nuevamente durante mayo, llegando al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el balance del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (GC-BPS) en el último año concluido. Este número indica un empeoramiento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el lapso móvil previo, lo que vuelve a alertar a las autoridades económicas en un momento crucial para la planificación del presupuesto del próximo mandato gubernamental.
El reciente dato se alinea con una tendencia que preocupa a la gestión económica, debido a que restringe el margen para elaborar el siguiente Presupuesto Nacional. Con una economía que comienza a mostrar indicios de estancamiento en ciertas áreas y una presión creciente de grupos sociales y políticos que exigen más recursos, el incremento del déficit fiscal destaca las complicaciones para lograr un equilibrio entre la disciplina fiscal y las demandas sociales.
De acuerdo al informe oficial, la caída del resultado fiscal se debe, principalmente, a una reducción de los ingresos corrientes tanto del Gobierno Central como del Banco de Previsión Social. En conjunto, los ingresos se situaron en el 27,1% del PBI, un retroceso de 0,2 puntos porcentuales respecto del período anterior. Esta baja se explica por un descenso del 0,1% del PBI en la recaudación del Gobierno Central y una disminución de igual magnitud en los ingresos del sistema previsional.
Si bien la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) registró una leve mejora del 0,1% del PBI, este incremento no logró compensar la caída global. La estructura de ingresos sigue mostrando fragilidades, sobre todo ante la falta de dinamismo en ciertos sectores de la economía que impactan directamente en la recaudación tributaria.
En paralelo, los egresos primarios del GC-BPS aumentaron y se ubicaron en 28,2% del PBI, lo que representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales. Este crecimiento se explica por un mayor nivel de transferencias tanto del Banco de Previsión Social como del Gobierno Central, y por un aumento en el gasto de inversiones de este último. Estos gastos, si bien responden a políticas públicas y compromisos sociales, contribuyen a ampliar la brecha fiscal.
Con respecto al abono de intereses de la deuda, estos permanecieron constantes en 2,5% del PBI, sin cambios en comparación con el mes precedente. Este elemento no tuvo un impacto en el empeoramiento del resultado fiscal, aunque sigue siendo una carga importante para las finanzas públicas.
Por otro lado, el resultado del Banco Central del Uruguay (BCU) mostró una leve mejora, pasando a -0,9% del PBI, gracias a una reducción en el pago de intereses. Sin embargo, el resultado global del Sector Público consolidado (que incluye todos los organismos del Estado) se ubicó en -3,8% del PBI, marcando un deterioro de 0,1 puntos porcentuales en comparación con el dato de abril.
El ámbito impositivo pone a prueba los propósitos del gobierno, que había expresado su deseo de conservar el control sobre el déficit como parte de una táctica de estabilidad macroeconómica. No obstante, las limitaciones financieras, junto con las necesidades sociales y las esperanzas puestas en el nuevo ciclo de administración, complican lograr este objetivo sin acudir a ajustes o cambios estructurales.
Este contexto vuelve a encender las alarmas en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas. La postergación de decisiones clave, como la reforma de algunas cajas previsionales —entre ellas la de profesionales— también podría tener un impacto negativo en los próximos meses, aumentando las tensiones fiscales.
La situación obliga al equipo económico a revisar proyecciones y evaluar posibles correcciones en la planificación financiera. Con la Rendición de Cuentas en el horizonte cercano y un escenario regional complejo, las cifras de mayo marcan un punto de inflexión en la estrategia fiscal del gobierno, que deberá decidir entre mantener el rumbo o ajustar el timón.
