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La reforma de la autonomía regional diferenciada se ha convertido en un dolor de cabeza para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La fuerte oposición de la izquierda se ve agravada por las críticas de los obispos que dicen que la ley es un “peligro mortal” porque podría dividir al país en un norte próspero y un sur marginado. Esta ley, aprobada en junio, permite que sólo las regiones que lo soliciten al Estado tengan autonomía en la gestión de hasta 23 áreas, entre ellas salud, educación y cultura.
La ley, impulsada por La Liga, fue aprobada por Meloni para fortalecer su poder, aunque no era su preferencia. Esto hacía difícil explicarlo a los votantes de las distintas autonomías. Además, su socio de gobierno, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, sostuvo que la reforma debe incluir condiciones.
Forza Italia logró incluir la aprobación de los Niveles de Beneficios Esenciales (LEP), que garantizan estándares mínimos de servicios públicos en todo el país. El partido sostiene que la LEP no debería asociarse con una autonomía regional diferenciada y que su implementación podría reducir marcadas diferencias regionales. El presidente calabrés, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de los sureños se oponen a esta autonomía.
En respuesta, el centroizquierda está presionando para que se celebre un referéndum para derogar la ley, lo que requeriría recaudar 500.000. La situación se complica por el rechazo de la Iglesia, que expresó su preocupación por la creación de “dos Italias”. El obispo Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), advirtió del riesgo de un “salvaje oeste” entre las regiones más pobres si se aplica la reforma.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, también destacó la importancia de mantener la solidaridad regional, destacando que la unidad de la República debe prevalecer sobre la división.
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